La llegada de las termoeléctricas en diferentes y pequeñas comunidades del país, trajeron consigo una cadena de impactos negativos. Tanto en el tejido social como en el ecosistema. Estos conflictos socioambientales se han hecho parte de la identidad de un país siempre explotado por grandes empresas que no pueden defenderse fácilmente de las diferentes querellas interpuestas por la sociedad civil.
En los últimos cinco años, las comunidades han realizado denuncias en tribunales, en los que siempre el foco son la afectación a los derechos fundamentales. Han pasado por todas las instancias posibles, como llegar a las Cortes de Apelaciones y Suprema. Esta acción se ha convertido en una de las únicas herramientas para visibilizar las desgracias que viven en las zonas de sacrificio. Los habitantes apuntan al Estado, el que tiene la función de fiscalizar y evitar el impacto ambiental que provocan las industrias.
La Superintendencia de Medio Ambiente, a través de solicitud de transparencia, nos hizo envío de 79 denuncias contra Aes Gener entre el año 2015 al 2022, en la Región Metropolitana, la segunda, la quinta y la sexta región.
Entre los motivos de las denuncias están las emisiones atmosféricas, residuos líquidos industriales, ruidos, extracciones de aguas no autorizadas y contaminación de río. Y la última en este año, fue sobre la alteración de cauces de ríos.
Comunas como Huasco, Mejillones, Quinteros y Puchuncaví llevan años siendo despojados de su identidad, de sus tradiciones y de lo que recuerdan de sus hogares. El ecosistema en el que conviven fue gravemente afectado desde la llegada de estos megaproyectos.
A través de la voz de las personas que viven día a día la contaminación latente de las empresas y mediante documentos oficiales, obtenidos a través de las y los abogados que están al tanto de los sucesos y/o participaron de la tramitación y de la revisión en el Poder Judicial, pudimos dar cuenta de la inequidad en derechos, entre la empresa y las comunidades.
Comuna ubicada en el Norte Grande, su nombre proviene del mejillón o ‘chorito’ como lo conocemos en Chile. Un nombre que se ha convertido en una ironía, cuando toda su riqueza ecosistémica ha muerto a causa de grandes empresas contaminantes.
El año 2007 llegó una filial de Aes Gener, la termoeléctrica de la empresa Angamos que fue renombrada NORGENER S.A. Proyecto emplazado en una zona industrial, según la descripción de su Estudio de Impacto Ambiental aprobado el mismo año.
Manuel Carvajal es habitante de Mejillones, de nacimiento. Ha vivido en una constante realidad en la que su círculo cercano ha muerto por enfermedades como cáncer al pulmón que se relaciona directamente con la cantidad de material particulado que convive con ellos día a día. De hecho, destaca que “el tema de Mejillones es super complejo, no solamente en el tema en el aire sino también la cantidad de niños que tienen problemas cognitivos. Nosotros vemos como los niños van naciendo así”.
Su gran preocupación es no conseguir la justicia ambiental que su territorio merece. Lo describe como “una batalla constante y muy desigual”. Como muchas empresas en el país, destruyen el tejido social solucionando situaciones de las que el Estado debiese hacerse cargo. Y así es como divide a las personas.
Fue el año 2021 que las comunidades solicitaron, con apoyo del abogado Marcos Emilfork de la ONG FIMA, la revisión excepcional de la Resolución de Calificación Ambiental de la central la cual fue rechazada. A raíz de esto, se presentó un recurso de protección en contra del Servicio de Evaluación Ambiental por no considerar las variables climáticas de las termoeléctricas en Mejillones.
El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, la igualdad ante la ley y el derecho a vivir a un ambiente libre de contaminación son algunos de los derechos fundamentales que las personas claman hace años para que sean respetados.
En septiembre del 2021, el abogado que les acompaña interpuso un recurso de apelación, insistiendo en la responsabilidad de la institución estatal para que se haga cargo de los daños causados por la empresa ante la falta de fiscalización y precaución, además de la constante aprobación a la empresa y la poca preocupación hacia la comunidad. El documento describe así la contaminación por parte de la termoeléctrica:
“La Central Angamos es un agente que contribuye en forma importante en el cambio climático, a través de las emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono o CO2, fenómeno que ya está causando efectos en la bahía de Mejillones. Un análisis de la emisión de las termoeléctricas a carbón por comuna a nivel nacional, permite identificar que, actualmente, el 40% del total de las emisiones de CO2 del parque carbonero se concentra en Mejillones”.
Como en Chile las normas ambientales son permisivas, uno de los argumentos para conseguir la tan anhelada justicia ambiental es la infracción al Acuerdo de París, ya que “al excluir la variable terrestre en su dimensión atmósfera (producto del cambio normativo a propósito de los tratados internacionales y las políticas climáticas vigentes) del procedimiento de revisión de la RCA Angamos, no se cumplen los compromisos de mitigación establecidos por Chile en la NDC (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional) del año 2020”.
Saba Galindo, también de Mejillones, es la presidenta de la Asociación de Turismo además de activista ambiental asociada a Chao Carbón. Cuenta que “No existen entidades fiscalizadoras en Mejillones. Si bien somos zona de sacrificio, no estamos dentro de los planes de recuperación ambiental porque se nos considera una zona latente y no saturada”
Ella está al tanto de los sufrimientos de su comunidad y de lo intocables que son estas empresas energéticas. Comenta que “Son empresas muy grandes y es difícil ganar una demanda contra ellos. Lo que vamos a exigir ahora es que la norma sea la que cambie”.
Una vez más las empresas transnacionales no se hacen cargo de sus impactos y, otra vez más, el Estado es uno de los principales secuaces. Al cierre de este reportaje, el recurso fue acogido y serán consideradas las variantes climáticas que denuncian.
La sentencia final dice “que se acoge la acción deducida, debiendo el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta incorporar en el contexto de la revisión extraordinaria” de la RCA. Entre los aspectos a revisar están: La variación en el ambiente marino por modificación del componente calidad de agua de mar con respecto a la variación en el pH, la temperatura del agua; la variación en el ambiente marino por modificación del componente comunidades submareales, en relación a la composición, abundancia, biomasa y disponibilidad de la macrofauna bentónica, y la variación significativa en el componente sedimentos submareales, vinculado a su composición granulométrica y la profundidad del fondo marino.
Desde el año 2018 todo Chile estaba al tanto de las intoxicaciones masivas. Menores de edad, adultos y tercera edad presentaban los mismos síntomas y llenaban los centros de salud pública.
Al igual que en Mejillones, conviven con termoeléctricas de AES Gener que no dejan de contaminar el aire que respiran. Fue uno de los casos más visibilizados por los medios nacionales y se convirtió en un símbolo de las zonas de sacrificio que hay en Chile.
Se presentaron una serie de recursos de protección en los que terminaron en una sentencia, en agosto del 2019. En el punto 57° del documento señalan que “disponiéndose que las autoridades administrativas de los distintos niveles de gobierno, esto es, comunal, provincial, regional y nacional, debidamente coordinadas entre sí y con las demás magistraturas, órganos y funcionarios públicos que fueren pertinentes, deberán adoptar las medidas dispuestas en esta sentencia”. Son 15 puntos los que debían cumplirse. En palabras de la abogada Cristina Lux de Defensoría Ambiental:
“Hay 15 medidas concretas sobre salud y hasta el día de hoy nadie sabe qué es eso y las herramientas son pocas, para saber lo que envenena a la gente y tampoco hay planes de contingencia. Había medidas sobre acceso de información a la gente y hoy las familias no saben qué sucede. Una serie de medidas que iban dirigidas por el estado, porque nadie sabía quién envenenó en ese momento”.
En resumen, los 15 puntos de la sentencia apuntaban a que: Las autoridades deberían efectuar un estudio “para establecer, de manera cierta y debidamente fundada, cuál es el método más idóneo y adecuado para identificar, como para determinar la naturaleza y características precisas de los gases”.
Luego, implementar acciones y el Ejecutivo debía disponer para que las medidas que surjan del informe sean implementadas. También deberían de realizar las actuaciones apropiadas para determinar, a la brevedad y con precisión, la identidad de todos y cada uno de los elementos o compuestos dañinos para la salud y para el medio ambiente. Es la Autoridad de Salud que deberá adoptar las medidas pertinentes, útiles y necesarias para resguardar la salud de la población; también habrá de adoptar medidas de vigilancia epidemiológica en la zona de emergencia.
El punto j) es de alta preocupación. Cuando se trate de la población vulnerable, “cada vez que se produzca un evento crítico de contaminación”, deberán ser trasladadas hasta que pase la contaminación. Y volver al lugar de exposición ¿Pero no se detiene la industria?
Conversamos con Maria Teresa Almarza de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia, quien vive hace doce años por el sector. Le consultamos sobre el cumplimiento de estos puntos, desde su perspectiva y opina que “No se realizó este estudio. Hicieron ciertas acciones que trataban de demostrar que cumplieron . Nosotras queremos plantearle al gobierno de Boric, que si el ejecutivo anterior no cumplió con estas medidas, que las cumplan ellos”.
Solo a 6 kilómetros de la ciudad de Huasco se encuentra la central termoeléctrica Guacolda que, hasta el año 2021, AES Gener era dueña de gran parte de la empresa.
A pesar de que vendió su participación, la empresa estadounidense dejó grandes marcas en las vidas de los habitantes de la comunidad que han visto cómo su querida costa fue cambiando con grandes construcciones que transformaban el paisaje. Y que dañan irreversiblemente la salud de personas de todas las edades.
Soledad Fuentealba, también nacida y criada en la comunidad, es parte de Huasco sin Relaves, ex SOS Huasco. Explica que “Cuando propusieron instalarse acá las termo, ya había conciencia del daño que producían las termoeléctricas. Como era parte de los programas energéticos, siempre estuvimos pendientes de que iban a producir daño. En el año 2000, los agricultores comenzaron a tener problemas con CAP, después se empezó a acentuar el problema agrícola con las termoeléctricas”.
Fue el año 2005, cuando sus hijas en el colegio fueron parte de un primer estudio que buscaba la presencia de metales pesados en la orina de las personas. “La lucha comenzó por las familias, porque salieron altas concentraciones de níquel en la orina. En ese tiempo creíamos en los políticos pero después empezamos a darnos cuenta que empezaban a mentir derechamente”, explica Soledad y los inicios de esta duradera resistencia. El año 2012 se consideró como zona latente pero fue recién el 2017 que se dicta el correspondiente Plan de Prevención de Contaminación Atmosférica de Huasco.
Como en los demás territorios, Huasco también ha ocupado una de las pocas herramientas de visibilización y búsqueda de justicia ambiental a través de mecanismos legales. El año 2019 interpusieron un recurso de protección en contra de AES Gener “por las acciones ilegales y arbitrarias”.
La defensa de la empresa presenta argumentos como: “Los recurrentes no consideren idóneas las medidas de mitigación y compensación que pesan sobre su representada, no implica que exista una omisión ilegal y arbitraria que genere el efecto de privar, perturbar o amenazar garantías fundamentales”. Esta es una práctica constante, de minimizar un impacto que perdurará de generación en generación.
La Corte de Apelaciones de Copiapó, el año 2020, rechazó la acción de protección, desamparando una vez más a las comunidades que viven un constante impacto de esta empresa. Según la Organización Mundial de la Salud “La exposición de seres humanos al níquel puede provocar dermatitis, sinusitis, anosmia, asma, cáncer nasal y broncopulmonar. En tanto, el dióxido de azufre afecta las vías respiratorias y la exposición a concentraciones de vanadio provoca tos, bronquitis, neumonía, carcinoma broncopulmonar y alteración de los procesos metabólicos”.
El reconocimiento de estas zonas de sacrificio, a nivel nacional, nos permite avanzar hacia una sociedad justa. Visibilizar sus luchas es tarea de todas y todos, ya que vivimos en un mismo territorio y tomar en cuenta que hay lugares más complejos que otros, nos permitirá movernos con empatía.
Así como Mejillones, Quinteros/Puchuncaví y Huasco también tenemos dos lugares más afectados por las termoeléctricas: Coronel, cuyos dueños son Colbún y ENEL. Y Tocopilla, a manos de ENGIE. Para el año 2025 se pretende cerrar un importante número de estas productoras de enfermedades terminales y para el 2030, que ya no existan.
Pero aún hay proyectos en curso, de tamaño mediano pero igual de nocivos: Combarbalá, Maitencillo y San Javier. Las pequeñas comunidades serán, nuevamente, víctimas de las malas prácticas y el uso y consumo de energías fósiles.
