A lo largo de Chile encontramos territorios divididos a causa de las empresas extractivistas que han logrado adentrarse gracias a un estado permisivo, con pocos límites en temas de legislación y que terminan trabajando a la par con la institucionalidad, por no decir que terminan pauteando a los servicios públicos que deberían fiscalizarlos.
Todos son pueblos pequeños, donde la televisión no los ve, ni son noticia en los medios tradicionales. Viven día a día con el miedo a ser despojados de lo poco que les queda. Les quitan la tierra, el agua y contaminan el aire. Pero hay algo más difícil de reconstruir… La separación del pueblo
Las grandes empresas llegan a las comunidades con la promesa del desarrollo, idea que nos han vendido por años y que se abre a punta de mentiras y negociaciones. Eso bien lo saben las comunas de La Higuera y Coronel, ubicadas al norte y sur de Chile central. El primero es el miedo constante de que megapuertos y una gran minera a dos rajos abiertos destruya todo lo que tienen a cambio de progreso y “minería extractivista sustentable”. Y, la segunda, vive día a día la exposición letal de los desechos y emisiones de un parque industrial que contiene termoeléctricas a carbón, plantas de celulosa y varias otras industrias contaminantes.
A través de videollamadas hemos podido conocer diferentes actores que están en el camino de la defensa ambiental, y que de alguna forma nos ha permitido unir las experiencias del norte y sur de Chile, para compartir sus pesares.
Desde Chao Carbón nos comunicamos con dos realidades que comparten en común, la alteración a la vida comunitaria y ¿De qué forma las empresas ocupan mecanismos sociales para darse a conocer entre las personas que viven dentro de las áreas de influencia?. Tienden
a crear situaciones en las que informan sobre sus actividades y la manera en que podrían “ayudar” a las comunidades. Hay una tendencia de personas que están a favor y en contra, a veces dentro de las mismas familias, provocando el choque entre quienes siempre tuvieron en común el mismo hogar.
Desde estos dos territorios, nos describen las complicaciones que viven a causa de la intervención de los privados, que tienen el permiso estatal para alterar el diario vivir de aquellos habitantes que sobreviven de sus tradiciones, disminuidas por el modelo económico incansable.
Pero para implementar todas estas acciones, las compañías buscan una orientación transversal. Una de esas es la capacidad de la sociología de analizar las diferentes aristas que identifican a una comunidad sensible y vulnerable a cualquier agente externo.
Muy bien conocemos el proyecto minero portuario Dominga y el mega proyecto portuario Cruz grande de CAP, que tratan fervientemente de incrustarse en la comuna de La Higuera, donde se ubica el Archipiélago Humboldt y la reconocida Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Acá existe todo un ecosistema y patrimonio biocultural, rico en diversidad, con más de 1500 especies de flora y fauna, incluídas las personas que habitan este espacio.
Este conflicto social les quita el sueño desde hace más de quince años, día y noche a los lugareños conscientes de la amenaza latente de una minera a rajo abierto. A pesar de que hasta el momento los proyectos se encuentran judicializados, los habitantes del territorio fueron divididos por falsas promesas, jugando con las necesidades de las personas.
La justicia ambiental llega a goteos en esta costa semiárida. El mundo está atento a cada paso que da el proyecto Dominga, pero pocos conocen las travesías de la lucha constante.Urbano Morales, concejal de la comuna, describe el paso de la empresa: “De alguna forma ellos logran formar dos bandos, los que están a favor y lo que están en contra. Estudian las debilidades de las comunidades y empiezan a tentar con la pregunta: “¿Cómo le podemos ayudar?”.
Desde el año 2007 ha visto cómo el pueblo se divide, primero con el conjunto de proyectos de termoeléctricas a carbón: Barrancones de Suez Energy, Farellones de Codelco y Cruz Grande de CAP. Iban a ubicarlos en el mismo lugar que pretenden instalar el puerto y la minera. Hoy, es el proyecto minero más bullado en la historia del país, que apareció en los Pandora Papers revelando que la familia Piñera fue parte de la compraventa de Minera Dominga, demostrando el tumulto de irregularidades e intereses económicos de gente “poderosa”.
“Aparece ese dicho ‘dividir para reinar’. Es fácil para ellos, porque las necesidades son muy evidentes” describe Urbano que está al otro lado de la pantalla, y se pueden divisar las cabras dentro del establo en el que trabaja y un brillante bosque de olivos. Urbano Morales es descendiente de agricultor y vive de lo que cultiva en su hogar junto con su familia. Explica que las ayudas del Estado son cortoplacistas y que “por ejemplo a mí me pueden decir que si tengo cabras, nos van a comprar cabras finas. Si eres pescador te ofrecen bote con motor y de fibra. Es innegable que existe un abandono por parte del Estado. La política de desarrollo no es la mejor ni suficiente como para decirle a una empresa que no”.
Él no juzga a quienes están a favor, siempre fue dirigente social y ahora en su cargo de concejal, en las que hay pocas facultades para incidir, recorre toda la comuna de La Higuera. “Acá en los Choros es muy distinto, la gente en otros pueblos de la comuna es más precaria. Acá nos podemos desarrollar, pero en otras partes pasan hambre y son lugares que están a favor de esos proyectos, entonces es ahí donde quedamos de brazos cruzados, ¿Pero qué les podemos ofrecer?”. Según lo relatado por Urbano, la división también se nota en las escuelas donde las infancias repiten lo que ven en sus hogares, donde unos están en contra y otros a favor, “Yo tengo esperanza de que no sea así, que está división no permanezca. Pero acá ellos han calado hondo, dividieron familias. Hay familias que se mueren sin hablarse”, finaliza.
Al otro extremo de Chile, en la zona sur, se encuentra Coronel. Impactados por industrias que se agrupan en un parque industrial, espacios permitidos por el Estado para instalar enormes construcciones donde generan procesos productivos con un alto impacto ambiental, afectando la salud de los pobladores.
Juana Hernández es la presidenta de la Agrupación de Niños y Adultos con Metales Pesados que se organizó luego de que en el año 2016 el Estado decretó hacer un examen a personas de la comunidad, cuyos resultados arrojaron la presencia de estos vestigios. Por videollamada en celular, nos conectamos a la distancia.
La relación con las empresas que se encuentran en la zona es igual de difícil que en la región de Coquimbo, hasta peor, porque la contaminación ya es latente. “Cuando hacen las mesas sociales, no incluyen a las familias que realmente están afectadas” explica Juana Hernández. En esta zona se realizan los reasentamientos de comunidades que están en las cercanías de donde quieren instalar una industria, Juana le llama “erradicación, porque sacan a la familia de su lugar en el que vivieron muchos años y los reubican en poblaciones con una indemnización económica, lo que hace que la gente en sí se divida”.
Este hecho, del reasentamiento, se repite en sectores donde habita una comunidad y el área de influencia de un proyecto “necesita” pasar por ese sector. Son trámites que pueden durar años, pueden empezar hasta antes de conseguir la aprobación del estudio de impacto ambiental. Mueven a las personas que han vivido todo el tiempo en un lugar, que tienen sus tradiciones arraigadas y, a través de negociaciones económicas y promesas, logran cambiarlas de vivienda.
Declaran que muchas veces les han culpado de alzar la lucha solo por temas monetarios, pero es más profundo que eso. La preocupación por la salud de las personas es mayor. “Nuestros niños tienen presencia de metales pesados. A largo o corto plazo, podría ser un cáncer. Entonces si ellos te indemnizan económicamente, cuando mis hijos estén con un cáncer, yo no voy a poder con el costo económico que trae la enfermedad en sí. Para nosotros no tiene un precio la salud ni la vida de nuestros vecinos. Y hay gente que llega a un acuerdo económico pasando por encima de esto y la plata, lamentablemente, lo resuelve todo para algunas personas. No así para nosotros” explica la presidenta de la agrupación.
Cuando Juana se refiere al costo económico, hace referencia a una de las tantas consecuencias que dejan las externalidades negativas que dejan las industrias al producir. Entre ellas están las enfermedades a la salud provenientes de la exposición de minerales pesados que están presentes en aire, suelo y agua.
Según el estudio “Efectos sobre la Salud y el Medio Ambiente de las Actividades Mineras en Chile” hecho por el Colegio Médico y el doctor Andrei N. Tchernitchin y Gabriela Muñoz, publicado el año 2012, explican los efectos de la presencia de minerales pesados. El manganeso produce “trastornos de la memoria y reducción del rendimiento mental, sensación de fatiga y necesidad de dormir, insomnio”. Por otra parte, la exposición al mercurio “produce daño permanente e irreversible en el sistema nervioso central” y el níquel, presente en diferentes producciones industriales, es un “reconocido carcinógeno humano por la OMS y su exposición induce el desarrollo de cáncer pulmonar y cáncer nasal”.
De Norte a Sur el pesar ciudadano es el mismo: El Estado no se hace responsable del daño que ellos mismos han causado, “porque fueron ellos que permitieron que estas empresas llegaran a Coronel. No nos preguntó si queríamos tener estas empresas contaminantes al lado nuestro”.
En estos conflictos suele haber un actor en común, la clase política en puestos públicos, la metáfora de la puerta giratoria que trata sobre “la rotación que existe entre funcionarios públicos que trabajan en determinada área de la economía o la regulan, y una vez dejado el servicio público, se van a trabajar a empresas” según documento de una asesoría técnica parlamentaria a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Juana recuerda al ex alcalde Leonidas Romero quien trabajó de la mano con todas las empresas contaminantes. Nos construyeron canchas deportivas, llegó a un acuerdo de buen vecino con algunas comunidades, en este caso los pescadores y eso hizo que muchos de nosotros nos empezáramos a levantar porque no estábamos de acuerdo con eso, porque yo creo que si la empresa quiere llegar a un acuerdo, debería llegar con toda la comunidad. Coronel hoy vive sin justicia ambiental, expuestos a vivir una vida pasada a llevar por las empresas con un Estado que solo se dedica a hacer exámenes de metales pesados constantemente sin ni un cambio en el factor.
Las empresas tienen la capacidad monetaria de contratar a consultores que les ayuden a hacer las cosas “de la mejor manera” y estas han construido cada paso que deben dar para entrometerse en el diario vivir de las personas. Existe una clase de manual que se titula “Gestión de Controversias” construido por Eugenio Tironi, quien presta servicios a Somos Choapa de Antofagasta Mineral, empresa que ha dividido a las cuatro comunidades de la Provincia de Choapa. También a empresas como Arauco y Enap. Esta clase de consultoras son los puentes entre la empresa y las comunidades, quienes tienen meticulosamente estudiadas las maneras de empujar las comunicaciones para lograr un cometido: Este cariño a la empresa del tipo “no muerdas la mano de quien te da de comer”.
De hecho, en la misma página tironi.cl describe como implementan la Gestión de Controversias en la que ponen en práctica “repertorios de diálogo social, construimos de manera colaborativa acuerdos que beneficien a los distintos actores que forman parte de un territorio”.
Esta manera de abordar a las comunidades no visibiliza la división entre las personas. Ellos mismos detallan que “los problemas jamás se dan por clausurados, sólo se gestionan de manera abierta(…) los acuerdos son monitoreables y reversibles y la posibilidad del desacuerdo está siempre presente”. Y así es como el abordaje a las comunidades se hace de una manera poco profunda, que no entiende el sufrimiento que día a día viven las personas afectadas.
Sobre esto, el sociólogo conversó con nosotros sobre este concepto. Describió que la implicancia de la gestión de controversia trata de “encontrar algunos puntos de encuentro sobre la base de una relación horizontal respecto a la forma de conocer y de vivir, este es como el principio de una cosa que sigue estando”.
Por otra parte, podemos dar cuenta que estas herramientas sociales que tratan de crear una buena convivencia entre la empresa y la comunidad no son siempre exitosas, esto lo demuestra los largos años de lucha de organizaciones sociales que nacen entre los pobladores. Respecto a esto Tironi explica que “ estos mecanismos están lejos de ser una pócima mágica. No siempre funcionan porque hay mucha desconfianza, mucha sospecha”, una conclusión cercana a las demandas de Juana y Urbano.
En el futuro, los territorios afectados por la industria excesiva que modifica el diario vivir de las personas se verá más complejizado con el avance del cambio climático. Los conflictos socioambientales latentes no tienen fin, cuando día a día se les contamina. Tironi cree que hay malos entendimientos en este proceso de negociaciones que son, más bien, sentimentales agregando que “puede cambiar en el tiempo y si cambian las condiciones, tiene que ser revisado, tiene que ser negociado nuevamente”.
¿Hasta cuando las personas tendrán que desgastarse para luchar contra un mega proyecto que tiene el dinero apartado para llegar a instancias judiciales? Por ejemplo. Le preguntamos sobre los límites éticos de la gestión de controversia en la resolución de conflictos y, finaliza, que a su juicio “el límite ético fundamental es que haya un genuino interés, por una parte, en el aumentar el conocimiento. Aumenta la información. Tengo que quitar el control e ir y llegar a acuerdos. Yo creo que ese es el límite”.
Supuestamente Chile es reconocido por “estar bien” en una región latinoamérica con diversos problemas sociales y ambientales pero a costas de pequeñas comunidades a las que se les despoja de sus tradiciones y modos de vida. A través de estos relatos podemos dar cuenta del avance de grandes industrias, a pasos de gigante, que destruyen todo lo que se encuentran de frente. Sin resguardo por parte de un Estado que mira desde arriba la destrucción de su pueblo.
