Desde 1994 tenemos una Ley del Medio Ambiente, que materializa el derecho constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio natural. Para proteger el medio ambiente, esa Constitución de 1980 establece que la ley podrá restringir el ejercicio de determinados derechos.

En Chile existen zonas que concentran actividades industriales contaminantes, que aparecen regularmente en los medios de prensa nacionales por eventos de intoxicación masiva. Nos recuerdan la deuda de Chile con quienes habitan en estos territorios, obligados a convivir con la contaminación, el malestar, las enfermedades y la privación de niños y niñas de salir a jugar al aire libre y de ir a estudiar.

El presidente Gabriel Boric ha señalado que su gobierno busca avanzar para acabar con las zonas de sacrificio. La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, dice querer ser el primer gobierno ecológico del país. Para hacerlo, no requieren esperar una nueva Constitución ni ingresar un nuevo proyecto de ley al Parlamento.

La Ley de Medio Ambiente contempla, en el Art. 25 quinquies, que si existe una variación sustantiva en las variables de seguimiento ambiental de un proyecto con Resolución de Calificación Ambiental, esta podrá ser revisada, excepcionalmente, de oficio o a petición del titular o del directamente afectado, cuando, ejecutándose el proyecto, las variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento sobre las que se establecieron las condiciones o medidas, hayan variado sustantivamente en relación a lo proyectado, o no se han verificado. El objeto de este procedimiento es adoptar las medidas necesarias para corregir dichas situaciones.

Dicho de una manera más sencilla, quienes son afectados por proyectos que generan contaminación, pueden solicitar al Servicio de Evaluación Ambiental la revisión del permiso de operación a través del estudio de las variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento. Es responsabilidad del Servicio de Evaluación hacer una revisión acuciosa y rigurosa del comportamiento de estas variables en el tiempo, desde la condición de línea base hasta la condición actual, para establecer medidas para corregir variaciones en las condiciones que se establecieron en el proceso de evaluación de impacto ambiental.

La información para evaluar si existe variación sustantiva en relación a lo proyectado en las variables de seguimiento ambiental está en manos de las autoridades ambientales, siendo estas el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Actualmente, se está revisando la Resolución de Calificación Ambiental de la Central Termoeléctrica Angamos, ubicada en la bahía de Mejillones. Se demostró, de acuerdo a una revisión acuciosa de la información disponible en las plataformas de estos servicios públicos, la desaparición de especies bentónicas y la pérdida de biodiversidad, la variación en características físicas de los sedimentos del fondo marino, el incremento en el pH del agua, el incremento en la temperatura del fondo marino, la disminución del oxígeno disuelto, el incremento en la concentración de cloro residual, además de la variación en la regulación asociada a las emisiones de gases con efecto invernadero en el país.

El nuevo gobierno debiera hacer un llamado a quienes son afectados por la contaminación de proyectos, para que presenten solicitudes de revisión de las variables ambientales asociadas a los proyectos al Servicio de Evaluación Ambiental. Asimismo, el gobierno debe generar las condiciones para que el Servicio de Evaluación Ambiental pueda hacer una revisión acuciosa y rigurosa de cada una de las variables asociadas a cada uno de estos proyectos desde su aprobación al presente. Asimismo, deben asegurar el establecimiento de medidas adecuadas para corregir variaciones en las condiciones.

Transitar al umbral del establecimiento de una forma diferente de relacionarnos entre nosotros y con el entorno, requiere de un paso. Es urgente que los discursos se materialicen en acciones que estén orientadas en disminuir las emisiones de las fuentes de contaminación del aire, de las aguas y los mares de quienes han debido soportar la indolencia de Gobiernos anteriores. Las herramientas para avanzar en esa línea existen, pero requieren de la participación de la ciudadanía, de rigurosidad científica en su abordaje y de la voluntad política del gobierno.